Ecuador vive una ola de violencia que ha dejado al menos 10 muertos y 70 detenidos. Las protestas contra el gobierno han escalado en violencia, con ataques a infraestructura pública y privada, así como a la policía.
Las protestas comenzaron el 1 de enero, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros grupos sociales. Los manifestantes exigen la reducción del precio de los combustibles, la congelación de los precios de los alimentos y otros productos básicos, y la derogación del estado de excepción que el gobierno ha declarado en seis provincias del país.
Las protestas han provocado graves trastornos en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Han cerrado carreteras, aeropuertos y escuelas, y han provocado escasez de alimentos y combustible.
Las últimas dos víctimas mortales de los ataques registrados el martes de las que se ha informado son dos agentes de policía “vilmente asesinados por delincuentes armados” en Nobol que fueron identificados como los cabos segundos Alex Taday y Luis Guanotuña, según la Policía Nacional de Ecuador, publica Panampost.
Las protestas han tenido un impacto significativo en la economía de Ecuador. El Banco Central del Ecuador ha estimado que las protestas han costado al país alrededor de 100 millones de dólares al día.
También han tenido un impacto en la política ecuatoriana.
Por lo pronto, el presidente, Daniel Noboa, emitió un decreto en el que se declara la existencia de un conflicto armado interno a nivel nacional y ordena a las fuerzas militares actuar para desmantelar 22 grupos del crimen organizado transnacional a los que ha declarado organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
El gobierno y los manifestantes han comenzado a negociar una solución a la crisis. Sin embargo, las negociaciones han sido difíciles y no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo.
Una posible solución sería que el gobierno accediera a algunas de las demandas de los manifestantes, como la reducción del precio de los combustibles. Sin embargo, esto podría suponer un coste fiscal significativo para el gobierno.
Otra posible solución sería que el gobierno renunciara al estado de excepción. Esto permitiría a los manifestantes continuar con sus protestas de forma pacífica.
Escrito por José Hermosa para VCS Radio.net.
Imagen de portada (Toma de YT / @GrupoFormulaOficial).
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