
El sistema judicial del Reino Unido enfrenta críticas tras liberar a 30 personas condenadas por posesión de material de abuso infantil, mientras imponen severas condenas por delitos de odio. La disparidad en las sentencias genera indignación y cuestiona la coherencia de la justicia británica.
En las últimas dos semanas, el sistema judicial del Reino Unido ha enfrentado una oleada de críticas al liberar a 30 personas condenadas por posesión de material de abuso sexual infantil, con imágenes que incluían a menores de tan solo dos años. Estos casos han generado indignación, dado que, aunque en posesión de material clasificado como de Categoría A, el más grave, los delincuentes evitaron la prisión en gran parte debido a factores como “buen comportamiento” y “posibilidades de rehabilitación.”
Entre estos casos, destaca el de un individuo que acumuló 12,000 imágenes explícitas, pero recibió una sentencia suspendida. Otro de los acusados eludió la prisión al argumentar que el contenido que visualizó era “algo que simplemente vio,” aunque incluía imágenes de menores en evidente sufrimiento. La situación ha llevado a un notable descontento en la opinión pública, especialmente tras el caso del presentador de la BBC, Huw Edwards, quien también evitó la prisión pese a hallarse en posesión de contenido considerado altamente perturbador.
Actitudes de desprecio ante el sistema judicial
Una investigación realizada por The Sun evidenció que varios de los acusados mostraron actitudes de burla hacia el sistema judicial, exhibiendo gestos de desprecio tras su salida de los tribunales. La ofensa de “crear” o poseer material indecente incluye desde la descarga y el almacenamiento hasta la apertura de archivos y el acceso a contenido explícito en internet o redes sociales. Aunque las pautas de condena estipulan penas que pueden ir de seis meses a tres años de prisión, muchos infractores han evitado la cárcel debido a atenuantes como “la existencia de circunstancias personales” o la “posibilidad de rehabilitación.”
Un caso de prisión por delito de odio
Mientras estos delincuentes sexuales han evitado la prisión, el sistema judicial impuso recientemente una sentencia de 31 meses a Lucy Connolly, de 41 años, por instigar a la violencia racial en redes sociales. Connolly, casada con un concejal conservador, publicó un mensaje el mismo día en que tres niños fueron asesinados en un ataque con cuchillo en Southport. En su mensaje, pedía una “deportación masiva,” un contenido que fue visto por 310,000 personas antes de que ella lo eliminara. Durante su audiencia, el juez Melbourne Inman KC enfatizó la gravedad de su “incitación al odio racial,” señalando que Connolly aún no comprendía el impacto de sus palabras.
La disparidad en las sentencias: un debate de fondo
Estos casos ponen en evidencia una percepción de desigualdad en la aplicación de la justicia en el Reino Unido. Las diferencias en las condenas, especialmente en delitos sexuales graves frente a delitos de discurso de odio, han abierto un profundo debate en torno a las prioridades y la coherencia del sistema legal británico. Expertos en criminología y representantes de derechos de infancia han expresado su preocupación sobre el enfoque judicial, cuestionando si la rehabilitación es una medida adecuada para quienes poseen material de abuso infantil y si se debería reconsiderar el papel de las sentencias suspendidas en estos casos.
Esta creciente disparidad en las sanciones ha llevado a la ciudadanía a cuestionar el enfoque punitivo del sistema y a pedir reformas que aseguren tanto una protección efectiva para los menores como una justicia equitativa y consistente para todos los delitos, independientemente de su naturaleza.
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