El Tribunal Constitucional de España ha avalado la reforma que permite a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin consentimiento parental, restituyendo un derecho clave para su salud reproductiva.
En un fallo histórico y controvertido, el Tribunal Constitucional (TC) de España ha confirmado este martes la validez de la reforma que permite a las jóvenes de 16 y 17 años acceder a servicios de aborto sin necesidad del consentimiento paterno. Esta decisión, que sitúa a los hospitales públicos como centros de referencia para tales intervenciones, ratifica la reforma parlamentaria de la ley del aborto promovida en 2023 por el gobierno del socialista Pedro Sánchez.
La medida, que había sido eliminada en 2015 bajo el gobierno del Partido Popular, restituye un derecho que las menores habían perdido, requiriéndose desde entonces el consentimiento parental para que pudieran abortar. La restauración de esta autonomía para las jóvenes fue uno de los puntos clave del gobierno socialista, argumentando la necesidad de proteger la salud y los derechos reproductivos de las menores.
División en el Tribunal Constitucional
El fallo del TC no estuvo exento de polémica. Con una votación de siete a cuatro, el tribunal mostró una clara división entre los magistrados de la mayoría progresista y la minoría conservadora.
Por otro lado, el partido Vox, que presentó el recurso, argumentó que la reforma violaba diversos principios constitucionales, incluyendo los derechos a la igualdad, la vida y la libertad ideológica, así como los principios de libertad, pluralidad y legalidad.
Las reacciones a la sentencia del TC han sido intensas y variadas. Representantes de Vox y otros grupos conservadores han criticado duramente la decisión, alegando que socava la autoridad parental y pone en riesgo la salud y el bienestar de las menores.
Santiago Abascal, líder de Vox, expresó su preocupación por lo que considera un ataque a la estructura familiar y la moralidad.
Por su parte, defensores de los derechos reproductivos han celebrado la sentencia como un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres jóvenes en España. Amnistía Internacional y otras organizaciones pro-derechos han destacado la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva sin barreras que puedan poner en peligro la vida y el bienestar de las menores.
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