¿Se dirige Colombia hacia un narco-Estado?

6 minutos de lectura. Colombia ha combatido el cultivo de drogas ilícitas por muchos años. Pero a medida que avanza el tiempo, esta guerra se ve más perdida y el país parece avanzar hacia un narco-Estado.

Durante décadas, el narcotráfico ha sido uno de los más grandes flagelos que ha tenido Colombia y hoy los cultivos ilícitos parecen tomarse el territorio nacional. ¿se estará convirtiendo Colombia en un narco-Estado?

Revisando un poco la historia, desde la década de los 70, cuando la marihuana colombiana se hizo célebre en el mundo por su calidad, comenzó el proceso de los grupos ilegales que luchaban entre sí por cultivarla y exportarla.

Años más tarde, con el auge de las drogas fuertes, diversos países comenzaron a aflojar la lucha contra la marihuana. Además, en EEUU se mejoró la calidad de estos cultivos declinando aún más la siembra en Colombia.

Sin embargo, para inicios de los años 80 ya comenzó la producción y exportación de cocaína, más lucrativa y fácil de transportar. De esta forma, prosperaron los grandes carteles colombianos, como el de Medellín, el de Cali y el del Norte del Valle. Para entonces también se consolidó la estigmatización de Colombia como el país de la cocaína.

Ese perverso negocio ha dejado miles de muertos, desplazados y familias destruidas en el país. El dinero de las drogas produjo poderosos asesinos que por años sometieron al país al imperio de la barbarie. Ese mismo dinero agigantó la corrupción en toda la sociedad, trayendo miseria y atraso a las regiones afectadas por la siembra y producción de coca.

A raíz de todo esto, los gobiernos han tenido que luchar de una y otra forma contra la maldición del narcotráfico. Cuando, finalmente los grandes carteles fueron derrotados, surgieron muchos grupos pequeños, en gran parte amparados o aliados directamente con las guerrillas de izquierda. Estas, ante la caída del comunismo en la Unión Soviética, encontraron en la droga una fuente de ingresos ilimitada.

Fue así como las guerrillas se convirtieron en los nuevos grandes carteles, amparadas en la lucha política.

Ahora bien, en el desespero por terminar tantos años de violencia del narcotráfico y la guerrilla, ahora unidos, muchos personajes influyentes comenzaron a legitimarlos como movimientos políticos inconformes.

Fue entonces cuando Juan Manuel Santos inició su proceso de paz. Desde la Habana, centro de los diálogos, se entendió que el problema del narcotráfico era un punto sensible. Esto, debido a las extensas áreas de plantación de coca en todo el territorio nacional.

Como resultado, a la firma del controvertido proceso, en agosto de 2018, se acordó la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

A través de este programa se esperaba agilizar la erradicación de los cultivos, en forma voluntaria. Para ello se estimularía a los agricultores con subsidios para cultivar productos lícitos, los cuales comercializarían con ayuda del gobierno.

Pero planear todo esto y llevarlo a cabo en la realidad son dos cosas distintas. Realmente se trató de un programa improvisado, cuya función ante todo era tranquilizar a los críticos del proceso de paz. Por tal motivo, cuando pasaron los meses y la mayoría de los campesinos no recibieron lo prometido, continuaron con los cultivos que les habían dado sustento. Más aun, las disidencias, el ELN y otros grupos ocuparon los espacios dejados por las ex FARC.

Esos grupos violentos comenzaron a presionar de nuevo, trayendo de regreso el terror a los territorios cocaleros.

Pero, como si de una confabulación se tratara, simultáneamente durante los últimos años se ha venido presentando el problema de la aspersión con glifosato para erradicar los cultivos de coca.

Como es sabido, el uso del glifosato para este fin ha sido frenado, en primera instancia, por la ONU, por considerarlo cancerígeno. Esto, a pesar de que en repetidas ocasiones, organismos respetables como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), han certificado la falacia de esta afirmación.

El puntillazo final lo dio la Corte Constitucional el 19 de enero de 2022, cuando dio la razón a líderes de las comunidades donde había cultivos de coca. Esto, acogiendo “los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa y de acceso a la información de los demandantes”.

En conclusión: el gobierno no puede fumigar sin consultar previamente a las comunidades. Y por supuesto, estas no autorizan la fumigación.

Finalmente, para cerrar el círculo, hemos visto cómo en días pasados, diversas comunidades indígenas y campesinas en zonas de cultivos hostigaron a los miembros del ejército enviados para la erradicación manual de cultivos. Sin ninguna explicación y sin atender los reclamos de los comandantes del ejército, expulsaron y maltrataron a los soldados que llegaron a cumplir órdenes.

Cuesta trabajo entender por qué no permiten, de ninguna manera, la erradicación de los cultivos ilícitos. Obviamente sabemos que los campesinos son intimidados por grupos violentos. De esta forma, se vuelven instrumentos forzados de tales grupos, haciendo parecer que se trata de un problema social.

Sin embargo, esto claramente es la poderosa máquina del narcotráfico, operando desde la sombra para continuar con su lucrativo negocio.

Entonces, nos preguntamos: ¿qué papel juegan los grupos ambientalistas y organismos como la ONU? Ellos dan por sentada la verdad dudosa de las propiedades cancerígenas del glifosato. Pero no tienen en cuenta el enorme daño que la cocaína genera, no solo en los países productores, sino en los países que la consumen, por la destrucción social que generan.

Todo esto ha permitido que, a pesar de lo concertado en el acuerdo de paz de Santos, en diciembre de 2017, el país pase de 146.000 a 171.000 hectáreas cultivadas de coca

Paralelo a esto, los movimientos izquierdistas abogan por la legalización de la droga. El ELN y las disidencias de las FARC continúan con el negocio, llevando sus conflictos incluso a Venezuela. De hecho, el ejército de ese país participa en la disputa por los territorios que sirven de corredor del tráfico hacia EEUU y Europa.

Incluso Human Rights Watch (HRW) ya ha dado la alarma sobre las condiciones de atropello a los derechos humanos que los civiles de Arauca y Vichada deben soportar por la guerra fronteriza de los carteles del ELN y disidencias de las FARC.

Al final, lo más preocupante es que la siembra, producción y exportación de coca no parecen tener freno. Con unos grupos cada vez más agresivos, amparados en supuestas luchas ideológicas y con un ejército al cual el pueblo no respeta porque el gobierno no lo hace respetar, es difícil ganar esta guerra.

Desde el exterior, se estigmatiza al país por la producción del alcaloide, pero a la vez se le atan las manos para poder enfrentarla. Entonces, cabe preguntar: ¿será que existen intereses para convertir a Colombia en un narco-Estado? Ya muchos le asignan ese apelativo, pero parecería que incluso quienes así la califican tuvieran interés en que eso se haga una total realidad.

Escrito por Carlos Morales G. para VCSradio.net

Foto: hoyosmunosyolanda, con licencia de wikimedia commons.

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