Reclusa en Argentina denuncia abuso y embarazo por recluso que se autopercibe mujer
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El caso de Gabriela Fernández, reclusa en la cárcel de Bouwer que tras su cambio de género fue trasladada a un penal de mujeres, genera un intenso debate. La reciente ratificación de su prisión preventiva resalta el riesgo que representa para las internas y cuestiona el sistema de derechos de género en el ámbito penitenciario. ¿Dónde están los límites de la identidad de género en las cárceles?
La situación de Gabriela Nahir Fernández, nacida Gabriel Fernández, ha generado un fuerte debate en Argentina en torno a los derechos de género en los centros penitenciarios y los riesgos para la población carcelaria. Tras su cambio de identidad de género en 2018, Fernández fue transferida a la cárcel de mujeres de Bouwer, en la provincia de Córdoba, en conformidad con normativas de inclusión y equidad de género. Sin embargo, el traslado ha provocado preocupaciones y conflictos, pues Fernández enfrenta nuevas acusaciones de violencia, abusos sexuales y violación de normas carcelarias que impactan directamente a las reclusas y al personal femenino de la institución.
Historial y Traslado de Género
Gabriel Fernández ingresó al sistema penitenciario en 2016 cumpliendo una condena por lesiones y privación de libertad. En 2018, tras adoptar el nombre de Gabriela y autoidentificarse como mujer, solicitó el traslado al sector femenino del establecimiento penitenciario, en línea con los derechos de identidad de género. Sin embargo, desde su transferencia, Fernández ha acumulado múltiples denuncias de agresión y amenaza hacia otras internas, generando inquietud sobre el impacto de la política de género en el contexto penitenciario.
Durante su reclusión, Fernández ha mantenido un patrón de conducta violento, tanto hacia compañeras de celda como hacia su pareja en libertad, según denuncias registradas en 2019 y 2022. Estas acusaciones, acompañadas de su historial delictivo previo y de las sanciones disciplinarias recibidas en prisión, sustentaron el reciente fallo de la Justicia argentina, que confirmó su prisión preventiva como una medida de protección para las internas de la cárcel.
Incidentes de Abuso y la Respuesta de la Justicia
El caso alcanzó un punto crítico tras el informe del 17 de julio pasado, en el cual Fernández habría sido acusada de agredir sexualmente a una compañera, quien posteriormente quedó embarazada. Este incidente tuvo lugar en un sector de “autoexcluidas”, un área destinada a internas en situación de riesgo. A raíz de esta y otras denuncias, la dirección de la cárcel ha tomado medidas adicionales para preservar la seguridad de las reclusas, reubicando a Fernández en distintas áreas dentro de la misma prisión. No obstante, las autoridades se enfrentan a un desafío constante en cuanto a la administración de esta problemática, señalando que carecen de recursos y protocolos adecuados para tratar situaciones en las que una reclusa agreda a otras internas.
El fallo reciente subraya que “para garantizar los derechos de una persona se han vulnerado los derechos de 481 mujeres”, lo cual ha sido interpretado por varios sectores como una señal de que el sistema actual necesita una revisión. Además, el fallo destaca que Fernández habría impuesto “códigos carcelarios” en el penal, aprovechando su posición para intimidar y manipular a otras reclusas, según informes del Servicio Penitenciario.
Reacciones Políticas y Sociales
La decisión judicial ha suscitado intensas reacciones en la esfera pública y política. La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se manifestaron a favor de revisar las políticas de género en centros de reclusión, argumentando que el caso de Fernández pone en evidencia los riesgos de aplicar normativas progresistas sin evaluaciones de impacto adecuadas. Ambos funcionarios han criticado la implementación indiscriminada de políticas de género en ámbitos penitenciarios, considerando la situación como un “caso de abuso del sistema”.
Una Reflexión sobre el Balance entre Derechos y Seguridad en las Cárceles
El caso de Gabriela Fernández representa un punto de inflexión para el sistema penitenciario argentino en su compromiso con los derechos de identidad de género. A medida que crece la controversia, surgen preguntas clave sobre cómo equilibrar los derechos individuales y la protección de las internas en un entorno de reclusión. Expertos en derechos humanos destacan la necesidad de establecer protocolos claros y de realizar evaluaciones de seguridad para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física y emocional de las personas recluidas.
Este caso plantea la urgente necesidad de reformular las políticas y adaptar los centros penitenciarios para que puedan responder adecuadamente a circunstancias excepcionales sin menoscabar los derechos ni la seguridad de ninguna persona.
Artículo escrito con información de Mundo Libre
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