La elección de nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos, incluidos países con antecedentes de violaciones a los derechos, ha generado controversia global. ¿Cómo afectará la credibilidad del Consejo?
La reciente elección de 18 nuevos miembros al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027 ha desatado controversias debido a la inclusión de países con antecedentes preocupantes en derechos humanos. Entre ellos destacan la República Democrática del Congo, Etiopía, Qatar, Bolivia y Colombia, naciones señaladas por violaciones sistemáticas y prácticas autoritarias.
La República Democrática del Congo sigue siendo escenario de prolongados conflictos armados, con informes de graves abusos como ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. Etiopía ha sido fuertemente criticada por las atrocidades cometidas en el conflicto de Tigray, que incluyen masacres y desplazamientos masivos, mientras que Qatar, aunque ha realizado reformas laborales, enfrenta acusaciones por la explotación de trabajadores migrantes en condiciones precarias.
En Bolivia, la crisis política que estalló tras las elecciones de 2019 ha dejado un legado de persecuciones a la oposición y debilitamiento institucional. La democracia en el país se ha visto erosionada, lo que ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para liderar en temas de derechos humanos. Por otro lado, Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ha suscitado temores sobre la estabilidad democrática y la dirección de las políticas de derechos humanos, debido al pasado guerrillero del mandatario y las divisiones políticas internas.
Frente a estas preocupaciones, también se han incorporado países con un mejor historial, como España, Suiza y Corea del Sur. No obstante, la inclusión de Estados con graves acusaciones ha puesto en entredicho la capacidad del Consejo para defender los derechos fundamentales de manera efectiva y objetiva.
Esta elección ha renovado el debate sobre la necesidad de que el Consejo de Derechos Humanos mantenga estándares estrictos para sus miembros, especialmente en un momento en el que el respeto a los derechos humanos está en riesgo en diversas regiones del mundo. La falta de mecanismos de control efectivo sobre los países miembros podría afectar la credibilidad del Consejo, socavando su misión de proteger los derechos globalmente.
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