Las nuevas políticas de la administración Biden obligan a los padres adoptivos a afirmar la identidad de género de los menores o podrían perder la custodia. Esta normativa, basada en el modelo de Cuyahoga, ha generado controversia, enfrentando a defensores de derechos LGBTQ y sectores religiosos en una lucha por la libertad parental.
En las últimas semanas, la administración del presidente Joe Biden ha enfrentado un creciente debate en torno a nuevas políticas relacionadas con la afirmación de género en el sistema de adopción y acogida familiar en Estados Unidos. Según un informe publicado por el Daily Caller y Voz Media, las autoridades federales han implementado una normativa que obliga a los estados a asegurar que los menores adoptados que se identifican como LGBTQ sean colocados en hogares que respalden activamente su identidad de género. Esta medida ha generado polémica, especialmente en sectores religiosos y conservadores, al considerar que los padres adoptivos que no afirmen la disforia de género de los menores podrían ser acusados de maltrato infantil.
Políticas Federales y el Modelo de Cuyahoga
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha promovido la idea de que la no afirmación de la identidad de género en menores debería ser vista como un abuso comparable a la negligencia en la provisión de alimentos o educación. Esta postura ha sido defendida por figuras como Alex Roque, del Centro Ali Forney, y está en consonancia con las políticas de la administración Biden-Harris. En particular, el condado de Cuyahoga, en Ohio, ha servido como modelo para el desarrollo de estas normativas. Allí, los padres adoptivos están obligados a apoyar cualquier manifestación de identidad de género en los niños, y aquellos que no lo hagan podrían perder la custodia.
El programa del condado de Cuyahoga, financiado con fondos federales, incluye directrices para que los padres adopten prácticas que afirmen la identidad de género de los menores, como proporcionar elementos de transición física, tales como fijadores de pecho o prótesis. Este enfoque ha sido elogiado por activistas como Julie Kruse, asesora del DCFS en Iniciativas LGBTQI, quien considera el programa un ejemplo a seguir a nivel nacional.
Reacciones y Oposición
A pesar del respaldo de algunos sectores, la normativa ha suscitado una firme oposición en varios estados, en su mayoría gobernados por líderes republicanos, que consideran que las políticas violan los derechos de libertad religiosa y de expresión. Estos estados han expresado su preocupación de que las nuevas regulaciones puedan excluir a organizaciones religiosas del sistema de acogida, y han criticado el enfoque federal por imponer medidas que obligan a los padres a respaldar prácticas que van en contra de sus convicciones.
Casos recientes en estados como Vermont y Washington han puesto de relieve las consecuencias de estas normativas. En dichas regiones, algunos padres adoptivos han perdido sus licencias por no afirmar la identidad de género de sus hijos adoptivos, lo que ha llevado a un debate sobre la libertad religiosa, el bienestar infantil y los derechos de los padres en el contexto del sistema de acogida familiar.
Este conflicto entre las políticas de afirmación de género y los derechos individuales de los padres y organizaciones religiosas promete seguir siendo un tema de intenso debate en los próximos años. Mientras tanto, las decisiones que se tomen en el ámbito legislativo y judicial definirán el rumbo de la protección infantil y la adopción en Estados Unidos.
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